América Latina tiene un importante camino por recorrer en la búsqueda de sistemas
educativos que garanticen el acceso y la calidad para todos los niños, niñas
y jóvenes. Más allá de los avances logrados a lo largo de las últimas décadas en
materia de inclusión educativa, estos esfuerzos se dan en un escenario de desigualdades
estructurales que dificultan la articulación de las políticas educativas
y la construcción de agendas estratégicas de largo plazo.
Diseñar, implementar y monitorear políticas educativas resulta desafiante en
contextos atravesados por altos niveles de fragmentación política, restricciones
económicas recurrentes e interrupciones sucesivas de procesos que requieren
de esfuerzos consensuados y sostenidos en el tiempo. Frente a este
escenario, muchos de los intentos por revertir estas desigualdades y avanzar
hacia una mayor justicia educativa se ven frustrados en discusiones marcadas
por la coyuntura que dificultan la construcción de acuerdos. Estas limitaciones
para cimentar las bases comunes sobre las que desarrollar y priorizar acciones
específicas desde el conjunto de la sociedad implica serios obstáculos para
garantizar trayectorias educativas completas y aprendizajes significativos en los
países de América Latina.

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